FOROS CÍVICOS

En derecho, “representar” es gestionar un interés de otro (alieno nomine agere, decían los romanos), merced a un apoderamiento expreso o tácito. Lo esencial de dicha relación es que representante y representado actúan como mandatario y mandante, éste encomendando a aquél cierta tarea, y aquél comprometiéndose a cumplir escrupulosamente las instrucciones de éste. Las reglas del derecho civil y mercantil rigen en principio para cualquier tipo de representación, incluyendo la pública o política, donde el apoderamiento se otorga y retira a través de las urnas.

Unos y otros representantes suelen cobrar por su gestión, deben rendir cuentas de la misma, y pueden perder el puesto si se desempeñan incorrectamente. Ambos -y esto incluye desde el presidente de una comunidad vecinal al presidente de un gobierno- están obligados a desempeñar lealmente su tarea, que consiste en administrar de modo recto algo común. El trabajo de los presidentes de gobierno es incomparablemente más complejo, desde luego, y se apoya por ello en muchísimos funcionarios y colaboradores privados.

La diferencia básica es que en el mandato político el mandante decide sobre la persona, y no sobre los asuntos encomendados a la gestión de esa persona, diluyéndose así el compromiso de cumplir escrupulosamente tales o cuales instrucciones. Los vecinos o condómines deliberan sobre hacer o no algunas cosas, en tiempo casi real, mientras los conciudadanos deliberan sobre quién tomará las decisiones por ellos, en tiempo muy aplazado. No en vano rara será la comunidad de vecinos con un centenar de miembros, y rara será la comunidad política con menos de varios millones.

Las democracias directas sólo han existido para grupos pequeños, como las polis griegas o las comunas helvéticas, y hasta hace poco era imposible para cualquiera estar en varios sitios a la vez. Si Cánovas del Castillo o Azaña hubiesen querido someterse al parecer de asambleas como las que convoca el presidente de una comunidad de vecinos, habrían debido viajar a mil lugares, cada uno atiborrado con miles de personas y, a su vez, estas incontables personas habrían debido perder días o semanas para estar presentes en alguna de ellas. Pero el estado de las comunicaciones hace sencillo lo antes impensable. Cualquiera puede estar a la vez en varios lugares, volatilizando el obstáculo del número y la distancia.

Ahora es posible hacer consultas e instar iniciativas en grupos enormes, sin necesidad de mover a nadie de su sitio, con un coste energético ridículo. ¿Subsistirá entonces intacta la diferencia entre el mandatario civil, sujeto a las instrucciones del mandante, y el mucho más autónomo mandatario político? Lo evidente es que una cuestión de hecho se ha convertido en cuestión de derecho.

Del mismo modo que los coches de hoy desplazaron a los de antaño, el voto electrónico continuo tiende a desplazar al muy ocasional en colegios, salvo que haya buenas razones para mantener una democracia sólo indirecta. Por otra parte, dichas razones distan de estar claras. Lo primero que encontramos en ese sentido es una idea del civil como persona en principio respetable aunque inhábil para el servicio público, y una idea del político como alguien quizá no tan respetable en principio, aunque hábil para el servicio público.

Siguiendo esta línea, el político se representaría a sí mismo, y no por una vena egoísta sino a fin de asegurar que todo se haga para el pueblo, aunque sin la interferencia del pueblo. La modalidad decimonónica de semejante criterio fue negar el sufragio a no propietarios, jóvenes, mujeres, analfabetos, gentes de etnias distintas y algunos otros (como los “desinteresados” e “itinerantes”), pues parecía una necia temeridad dar la misma papeleta de voto a un patricio y a un labriego. La modalidad más reciente es que sería una necia temeridad llevar el autogobierno a extremos de democracia directa, con tanto telebobo y analfabeto funcional, pues “sus señorías no pueden actuar como mozo de los recados para el votante”.

Esto sugirió hace poco a nuestros legisladores el politólogo Giovanni Sartori, encargado de disertar a las Cortes con ocasión de su vigésimo aniversario. Sartori sostiene que sin el freno de una clase política ilustrada los votantes podrían imponer medidas xenófobas, avaras, erróneas hasta el disparate y, sobre todo, desinformadas. El caso es, no obstante, que parecen insuperables los actos de xenofobia, avaricia, disparate y desinformación perpetrados por la clase política en diversos tiempos y lugares.

Las fechorías más estúpidas y monstruosas registradas en la memoria humana provienen de tal o cual líder, ya sea hereditario, elegido o autonombrado, y no de iniciativas propiamente populares. Más interés tiene preguntarse si, a pesar de todo, las complejidades del gobierno no estarán mejor confiadas a la arbitrariedad del liderato que a una simplificadora intervención constante de la ciudadanía. Pero nadie niega que la clase política sea en buena medida imprescindible, ni que los países mejoren mucho con grandes estadistas. Lo que el progreso tecnológico ofrece son modos de profundizar el autogobierno descentralizado que llamamos democracia, y precisamente por el camino de incrementar la calidad y complejidad de su información.

El Consejo de Ministros y las Cortes, que son los principales órganos deliberantes del país, no están formados por expertos omniscientes, y por eso encargan de modo sistemático a gabinetes de estudio los aspectos técnicos ligados a cada una de sus decisiones, ya sea una ley del suelo o una circular sobre horario de discotecas. La ciudadanía, que constituye un orden mucho más extenso y lleno de expertos en esto y lo otro, podría hoy cooperar con la clase política en el complejo trabajo de establecer normas generales y administrar los bienes públicos, no en tiempo aplazado y ciñiendo su intervención a elegir personas, sino en tiempo real y haciéndose oir en materia de asuntos.

Posible y pacífico, este cambio trasladaría al campo político lo que ya es regla en casi todos los demás campos del obrar humano, donde al cancelarse la distancia física como medida de incomunicación van surgiendo sin pausa nuevas estructuras de conocimiento y actividad. Reflexionaba sobre el tema, cuando mi correo electrónico recibió un documento bastante largo –unas treinta páginas de letra pequeña- con el proyecto para la puesta en marcha de un “Parlamento Ciudadano”.

Sus autores son dos empresarios españoles apenas llegados a la treintena, con amplia experiencia en redes informáticas, y no salgo del asombro al comprobar que la ejecución de algo semejante –destinado quizá a hacer tanta época como el descubrimiento de América- resulta, además, un excelente negocio para todo tipo de proveedores y consumidores. En otras palabras, que un espacio de voto continuo puede ser a la vez un observatorio social incomparablemente más seguro que el Centro de Investigaciones Sociológicas, una cámara consultiva paralela al Legislativo y al Ejecutivo, y un prometedor economato. Mañana les cuento algunos detalles de la original empresa.

El proyecto de Parlamento Ciudadano español -del que empecé a hablarles ayer- parte de garantizar un voto personal, secreto y seguro, que pueda emitirse no sólo vía Internet sino mediante telefonía móvil (GSM, WAP o UTMS) e incluso cajeros automáticos. Conseguir un voto electrónico que cumpla esas tres condiciones no les parece un obstáculo grave a los dos jóvenes promotores del. proyecto, si tienen el respaldo –y parecen tenerlo- de empresas especializadas en elecciones y auditoría como Indra o Arthur Andersen, por ejemplo. Luego, con el correspondiente lanzamiento publicitario y alguna atención de los medios, la primera tarea será alcanzar una masa crítica de “ciudadanos parlamentarios” o votantes, estimada en medio millón por diversas razones.

Una de ellas –quizá la principal- es que medio millón de firmas constituye el número mínimo previsto por la Constitución para que pueda instarse una iniciativa popular. Dichas iniciativas son la vía legal prevista para que el poder constituyente (o “pueblo”) presente sugestiones o decisiones al poder constituido, que –complementado por la prensa- se subdivide en ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta las nuevas tecnologías, el medio millón de firmas reconocidas –por notario, secretario municipal o secretario judicial- resultaba un obstáculo formidable. Tan formidable, en efecto, que durante dos décadas largas de democracia no ha llegado a instarse iniciativa alguna, y apenas un referendo (sobre cierta cuestión ociosa).

Sin embargo, esa hegemonía puramente fáctica del poder constituido sobre el poder constituyente empieza a equilibrarse garantizando la emisión de votos electrónicos válidos. Como expone el proyecto, “la opinión pública dejará de ser un concepto vago y moldeable para convertirse en una información fidedigna y cotidiana, de gran alcance político y social”. La pertenencia a esta comunidad virtual será gratuita, por supuesto. Y una cuestión es a cuántos interesará conectarse, pues cabe pensar que innumerables españoles no apoyan mecanismos de democracia directa, y ni siquiera se hacen una vaga idea de lo que es una comunidad virtual.

Bastantes otros prefieren cualquier comunidad virtual a una de tipo político, y a lo mejor no es tan sencillo alcanzar la masa crítica. Pero las comunidades a distancia tienen futuro, y más aún aquellas donde hay un contenido moral y emocional como la participación política. Un caso práctico reciente es Arizona, primer Estado del mundo que usa Internet para unas elecciones (concretamente las primarias del partido demócrata). El resultado fue un recorte substancial en el nivel de abstención, que dobló con creces los previos récords de voto.

El engranaje práctico de este parlamento virtual es algo más prolijo. Su núcleo consiste en una agenda de votaciones, equivalente al orden del día del Congreso. Por su parte, esa agenda no puede ponerse en marcha sin una Mesa Constituyente -compuesta en principio por 10 representantes de grupos y 10 ciudadanos a título individual-, encargada sobre todo de aprobar las primeras consultas y votaciones, con el asesoramiento de un equipo jurídico-político que le desbroce técnicamente cada cuestión. Una vez superada esa primera fase -que se calcula en seis meses-, la propia comunidad electoral elegirá una Mesa Ciudadana propiamente dicha.

De hecho, el proyecto sólo tiene sentido como algo que desde el comienzo vaya auto-regulándose, mediante procesos de realimentación. Aquello que la sociedad promotora ofrece es un cauce o tubo inviolable, donde la substancia del caso –un eventual interés de algunos o muchos por la participación política- pueda fluir, y no un nuevo medio para influir sobre la opinión o la comunicación. La ciudadanía es invitada a organizarse, ni más ni menos, y para que esa organización no quede sometida a una tutela de la sociedad promotora se prevé aprobar un Reglamento, orientado a impedir que intereses económico-promocionales puedan en el futuro manipular al voto electrónico.

Pero lo llamativo del proyecto es hasta qué punto engrana indisociablemente altruismo y sano egoismo. Lo que desde una perspectiva significa des-profesionalizar la política es, desde la otra, un economato. Cuantas más personas se den de alta en Parlamento Ciudadano, y empiecen a preocuparse por el bien de la cosa pública, más capacidad de compra en buenas condiciones tendrán los miembros de esa comunidad virtual. El precio de un objeto ni se parece cuando hemos de adquirir un ejemplar, y cuando podemos comprar (o no) millones de unidades. Así, el buen precio viene como complemento de un civismo responsable.

Esto último llama a lo primero, y no hace falta ser vidente para pensar que si dicha comunidad prosperase se convertiría en un cauce comercial superior por naturaleza a todos los cauces comerciales informáticos ensayados hasta hoy. Su ventaja consiste en esa medida de altruismo republicano (querer informarse sobre el funcionamiento de la cosa pública, e intervenir en ello sin el acicate de un sueldo), medida que se ve recompensada de inmediato al crear un grupo de consumidores potenciales.

Los demás grupos de consumidores potenciales son fruto de alguna captación, que empieza costando dinero. Por lo demás, los inventores de este proyecto prevén un aluvión de anunciantes y ofertas, capaz de entorpecer el estudio y convocatoria de las consultas que pudiesen hacer los ciudadanos, y sugieren que el canal quede disponible para iniciativas mercantiles algunos días, o alguna hora de cada día, tomándose las precauciones adicionales por vía reglamentaria. El Congreso de los diputados vota unas diez veces cada semana, y no siempre sobre asuntos capaces de suscitar amplio interés, con lo cual la agenda de voto rara vez contendrá más de una consulta por día hábil.

Puesto que la meta es ofrecer a los miembros del parlamento virtual datos tan objetivos y asequibles como pueda conseguir el equipo técnico-jurídico y, más adelante, como consiga el propio parlamento por simple realimentación, lo decisivo será que el estímulo a reflexionar no se vea bombardeado por un ruidoso marketing. La moraleja de esta germinal historia está en hasta qué punto un ejercicio de dignidad civil es inseparable de fundar grupos de compra, insertos en un economato autodirigo.

Contribuir a que los ciudadanos abandonen su tendencia a la idiotez (“idiotés” significa en griego antiguo “persona despreocupada por el cuidado de lo común”) desemboca espontáneamente en algo que protege al consumidor de su atomizado aislamiento. Algunos separan todavía lo relativo al dinero de lo relativo al espíritu, presentando el conjunto de lo comercial como obra de fulleros, y oponiendo a ese dominio un reino metaeconómico de solidaridad.

Sin embargo, al comercio y a sus reglas le debemos no vivir en tribus devoradas por el ritualismo y la penuria, donde el tabú custodia una diferencia infinita entre “nosotros” y “ellos” . De ahí que quizá convenga llamar a esa actividad con una nueva palabra, y concretamente actividad cataláctica o catalaxia, según propone un gran economista libertario. En efecto, el verbo griego catalaxein significa “intercambiar” y, en último análisis, “convertir al enemigo en amigo”.

Antonio Escohotado
Artículos publicados 2003
http://www.escohotado.org